Control estatal. Soberanía nacional. Un golpe al monopolio de Pekín.
El puerto ya no es solo de Pekín. Lima ha hablado. En un fallo histórico dictado entre el 1 y el 2 de julio de 2026, la justicia peruana resolvió que el megapuerto de Chancay, valorado en más de 3.000 millones de dólares y construido por el consorcio chino Cosco Shipping, debe someterse a la supervisión de la autoridad estatal de infraestructura, Ositrán. Se acabó la exclusividad operativa absoluta. La decisión judicial pone fin a meses de una silenciosa guerra fría diplomática entre Washington y Pekín por el control de la que se proyectaba como la "puerta de entrada" de China en Sudamérica. Washington celebra. La embajada estadounidense en Lima no tardó en respaldar el fallo, recordando que la soberanía nacional no debe cederse ante la soga financiera del capital extranjero.
El puerto de la discordia geopolítica
Para Pekín, Chancay es la joya de la corona de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el Pacífico Sur, diseñada para recortar a la mitad los tiempos de transporte de materias primas desde los Andes hasta las costas chinas. Sin embargo, el proyecto despertó profundas alarmas en el Comando Sur de los Estados Unidos. El calado profundo del puerto, capaz de albergar a los buques de carga más grandes del mundo, también lo hace apto para el despliegue de buques de guerra de la Armada china en caso de conflicto global. Al forzar la regulación estatal sobre las operaciones, el tribunal peruano introduce un muro de control que impedirá a Cosco Shipping operar con total discrecionalidad. Es una respuesta directa al temor de que la infraestructura civil fuera utilizada con fines militares encubiertos.
Los tres ejes del freno regulatorio a China
La intervención de Ositrán no es un simple trámite administrativo; redefine las reglas del juego para las inversiones de Pekín en la región bajo tres aspectos fundamentales:
- Fin de las tarifas monopólicas: Cosco Shipping ya no podrá fijar precios de manera unilateral para los servicios portuarios, debiendo someterse a las tarifas reguladas por el Estado peruano.
- Transparencia operativa: Las autoridades aduaneras y de seguridad peruanas tendrán acceso irrestricto a los sistemas de control del puerto, eliminando los temores de tráfico de datos sensibles hacia Pekín.
- Supervisión de la red logística: El control estatal se extenderá a los proyectos complementarios, incluido el planificado tren minero de 420 millones de dólares que China busca construir para conectar los yacimientos de cobre andinos con el puerto.
La trampa de la soberanía cedida
"Querían autonomía. Querían control absoluto. Obtuvieron regulación. No podemos permitir que un puerto de esta magnitud funcione como un enclave extranjero dentro de nuestro propio territorio," señala un exministro de Relaciones Exteriores de Perú en Lima. Sus palabras reflejan la creciente preocupación en la diplomacia andina por el nivel de dependencia económica frente a Pekín. Aunque las corporaciones chinas han inyectado miles de millones en la infraestructura minera y de transporte de Perú, el costo político de ceder el control de los accesos marítimos del país era demasiado alto. Parece que el fallo judicial proporciona el escudo legal que el gobierno necesitaba para balancear su relación entre las inversiones chinas y la histórica alianza de seguridad con los Estados Unidos.
Un equilibrio inestable
El fallo judicial abre un periodo de incertidumbre para la inauguración definitiva del megapuerto, prevista para finales de este año. Cosco Shipping probablemente apelará la medida, advirtiendo que la pérdida de exclusividad tarifaria podría desincentivar futuras inversiones chinas en el país. Pero la decisión ya está tomada. Perú ha demostrado que, incluso ante la presión de la segunda economía del mundo, la soberanía sobre sus infraestructuras estratégicas no es negociable. La batalla portuaria en el Pacífico andino está lejos de terminar, pero por ahora, las reglas del juego las dicta Lima.