La Ley N.º 21.735, promulgada en marzo de 2025, marcó la mayor transformación estructural al modelo previsional chileno en cuatro décadas. A más de un año de su entrada en vigor, el impacto ya se siente en dos frentes opuestos: alivió el bolsillo de los pensionados, pero encareció de inmediato la planilla de las empresas. Ambas fuerzas chocarán con mayor intensidad durante la segunda mitad de 2026.

Lo que ya está funcionando en la calle

Más de 1.370.000 pensionados vieron incrementados sus montos mensuales bajo el nuevo esquema. De ese universo, 412.000 son mujeres beneficiadas por la compensación por años cotizados, diseñada para reducir la histórica disparidad previsional frente a los hombres. En paralelo, la Pensión Garantizada Universal (PGU) completó su tramo de ajuste por edad: los beneficiarios de entre 75 y 81 años alcanzarán los 250.275 pesos mensuales a partir de septiembre de 2026, un piso que el grupo de 82 años o más ya percibe.

A esto se suma el bono por trayectoria previsional vigente desde enero. El beneficio premia hasta 25 años de aportes, pero con una exigencia diferenciada: 10 años mínimos para mujeres y 20 para hombres, reconociendo la mayor informalidad y las lagunas laborales asociadas a labores de cuidado.

Quién paga la cuenta: el salto de agosto

El financiamiento de las mejoras no sale del presupuesto general, sino del bolsillo de los empleadores. La cotización patronal debutó con un 1% en agosto de 2025 e irá escalando durante casi una década hasta completar un 8,5% sobre la remuneración imponible. El siguiente escalón entra a regir en agosto de 2026, cuando el aporte acumulado suba al 3,5%.

Ese recargo se divide en tres destinos específicos:

  • Cuentas individuales: un porcentaje dirigido a engrosar el ahorro personal gestionado por las administradoras privadas.
  • Fondo de Seguro Social: una bolsa solidaria que reemplaza al antiguo Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
  • Aporte con Rentabilidad Protegida: un mecanismo transitorio a 30 años que financia las mejoras inmediatas de los actuales jubilados.

El momento incómodo para La Moneda

El impacto en los costos no admite dobles lecturas. El alza de cotizaciones encarece la contratación en un escenario económico frágil. El presidente José Antonio Kast asumió La Moneda con la promesa de reactivar el mercado laboral mediante un crédito tributario a la nómina de 1.400 millones de dólares para 235.000 pymes. Una mano inyecta alivio fiscal mientras la otra descuenta más cotizaciones por cada trabajador.

El dilema es evidente. Kast fijó la meta de reducir la desocupación al 6,5% hacia 2030, pero el cronograma legal heredado empuja los costos laborales exactamente en la dirección opuesta.

Un mercado del trabajo todavía frío

El desempleo nacional marcó un 8,3% en el trimestre móvil diciembre 2025–febrero 2026. Es una cifra superior al 7,8% que dejó Gabriel Boric al asumir en 2022 y muy lejana al promedio de 7,1% previo a la pandemia. La informalidad laboral sigue estancada en torno al 26,5%.

Meter más presión al costo de contratar en un mercado con alta informalidad es una apuesta arriesgada. La política pública quedó atrapada entre dos urgencias: asegurar un piso digno a quienes ya se retiraron o abaratar el ingreso al empleo formal para las nuevas generaciones.

Los nudos técnicos pendientes

A las tensiones de costos se suman plazos regulatorios complejos. El cambio desde el esquema de multifondos hacia los fondos generacionales (target date funds) requería definiciones de inversión antes de abril de 2026. Por su parte, el tope a las comisiones de administración —incluidas las que cobran los vehículos extranjeros donde invierten las AFP— arrastra vacíos de redacción, con interpretaciones jurídicas que alargan la vigencia entre fines de 2026 y 2027.

El Fondo de Ahorro de la Protección Previsional (FAPP), encargado de respaldar los beneficios solidarios, también debe licitar sus carteras a mediados de este año. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió sobre la maniobra: reconfigurar el portafolio previsional exige una coordinación quirúrgica para no desestabilizar el mercado local de capitales.

El balance hacia el cierre de 2026

La reforma de pensiones avanza con un reloj independiente al de las metas del gobierno. Mientras el equipo económico busca dinamizar la inversión con rebajas impositivas, el calendario de la Ley 21.735 continúa incrementando el aporte patronal mes a mes. El desenlace dependerá de si el crecimiento económico logra repuntar lo suficiente para digerir el mayor costo social sin frenar la creación de puestos formales.