El agua de la canilla ya no sabe igual en Montevideo. La crisis hídrica de 2023, que dejó un gusto salobre en las gargantas de la capital, no fue una simple sequía pasajera, sino el prólogo de una fractura social y política profunda.

En este invierno de 2026, bajo la gestión del presidente Yamandú Orsi y la nueva dirección de OSE encabezada por Pablo Ferreri, el polémico Proyecto Neptuno (Arazatí) ha experimentado un giro de timón tan drástico como inesperado. Tras meses de intensas renegociaciones con el consorcio Aguas de Montevideo, el pasado 5 de marzo se firmó una modificación de contrato que desarma el diseño original de la administración de Lacalle Pou. La toma de captación y la planta potabilizadora ya no se construirán sobre las aguas del Río de la Plata en San José; en su lugar, se relocalizarán en Aguas Corrientes, Canelones, sobre el río Santa Lucía. Queríamos seguridad hídrica. Queríamos defender la soberanía del agua pública. Obtuvimos un rediseño que de todas formas nos arrastra a un fango judicial.

El debate ya no se limita a dónde colocar los caños, sino a cómo financiamos nuestro derecho humano al agua. La renegociación del contrato redujo la escala del proyecto original, pero mantuvo la promesa técnica de inyectar 200.000 metros cúbicos de agua potable diarios al sistema metropolitano. Para complementar este esquema, OSE dio un golpe de timón el pasado 29 de junio al lanzar la licitación internacional de 130 millones de dólares para construir la postergada represa de Casupá en Florida, financiada por la CAF. Esta represa, largamente reclamada por el Frente Amplio como la verdadera solución de fondo para acumular reservas de agua dulce, ha desatado una tormenta política. Hace apenas unos días, el 8 de julio, el Partido Independiente demandó civilmente a OSE, exigiendo frenar de inmediato la obra en Casupá por carecer de la habilitación del Ministerio de Ambiente. La judicialización del agua es ahora nuestra nueva realidad.

Una cañería vacía. Una represa que se demora por un sello oficial.

Los tres frentes de conflicto en el nuevo esquema hídrico metropolitano

El rediseño hídrico que OSE y el consorcio Aguas de Montevideo pactaron este año expone tres grandes contradicciones que el gobierno nacional no ha logrado desactivar:

La relocalización a Aguas Corrientes: El traslado de la potabilizadora al río Santa Lucía alivia las preocupaciones ambientales sobre la salinidad y las cianobacterias del Río de la Plata en Arazatí, pero sobrecarga una cuenca que la Asociación de Limnología ya declaró en estado crítico.
La batalla legal por la represa de Casupá: La decisión de avanzar con la licitación y las expropiaciones de Casupá sin contar con la Autorización Ambiental Previa ha provocado una demanda judicial con medidas cautelares por parte de la oposición, instalando un escenario de parálisis administrativa.
El costo financiero del doble frente: Intentar construir la planta potabilizadora rediseñada en Canelones de forma simultánea con la represa de Casupá dispara el presupuesto de OSE a precios de 2026, obligando al ente a depender de un masivo endeudamiento externo en dólares.

"La renegociación con Aguas de Montevideo evitó un juicio de rescisión de contrato, pero mudar la planta de Arazatí a Aguas Corrientes sin aliviar la presión sobre el Santa Lucía es como cambiar de camarote en un barco que sigue teniendo la misma vía de agua. El proyecto es menor, pero el problema de fondo permanece inalterado", señala un técnico del Plan Nacional de Aguas. Sus palabras revelan el núcleo de la encrucijada que enfrenta el país. En este contexto de tensiones políticas y recursos escasos, el agua ha dejado de ser un bien público neutral para transformarse en un campo de batalla electoral. Si el gobierno no logra destrabar las autorizaciones ambientales de Casupá y equilibrar las finanzas de OSE, la gran promesa de blindar el suministro de la capital de cara al año 2045 podría terminar en un pantano legal. Al final del día, los caños de Arazatí transportarán agua, pero la verdadera incógnita es si también se llevarán consigo la soberanía de un recurso que solía pertenecer a todos.

Camila Fernández

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El giro de Arazatí: La renegociación del Proyecto Neptuno y la nueva guerra judicial por el agua