Durante tres décadas, la relación entre Estados Unidos y Colombia fue el modelo de cooperación bilateral en América Latina: 10.000 millones de dólares canalizados a través del Plan Colombia desde el año 2000, designación como aliado principal no OTAN en 2022, e inteligencia colombiana que sustentó el 85% de las operaciones de interdicción naval estadounidense en el Caribe entre enero de 2024 y junio de 2025. En septiembre de 2025, ese edificio se derrumbó en cuestión de semanas.
La cronología de una ruptura
La secuencia fue rápida y deliberada. En septiembre de 2025, la administración Trump descertificó a Colombia en materia de cooperación antinarcóticos — la primera vez desde 1997, colocándola en una lista junto a Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar. El Departamento de Estado revocó el visado de Petro después de que el presidente colombiano participara en una manifestación propalestina en Nueva York y llamara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump. En octubre, el Tesoro sancionó a Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior bajo la Orden Ejecutiva 14059, congelando sus activos en Estados Unidos y añadiendo al presidente colombiano a una lista que incluye a los líderes de Rusia y Venezuela. Colombia ordenó suspender el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad estadounidenses. La embajada de Estados Unidos en Bogotá suspendió el procesamiento de visados.
Trump llamó a Petro "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos" y, cuando se le preguntó si planeaba una operación militar en Colombia, respondió: "Me suena bien." No hay evidencia de que Petro esté vinculado al narcotráfico.
El encuentro en la Casa Blanca y sus límites
En febrero de 2026, Petro viajó a Washington en lo que ambas capitales enmarcaron como un intento de estabilizar la relación. Trump lo llamó "estupendo" tras una reunión de casi dos horas y dijo que habían tenido "una reunión muy buena". Petro declaró que ambos salían con "una visión positiva y optimista." Las sanciones, sin embargo, no se levantaron. Permanecieron vigentes hasta el final del mandato de Petro.
El episodio ilustró la paradoja estructural que analistas del Atlantic Council habían identificado: al intentar presionar a Colombia para que adoptara medidas antinarcóticos más agresivas, Washington arriesgaba debilitar exactamente la cooperación que buscaba fortalecer. Los 230 millones de dólares anuales en asistencia estadounidense financiaban en parte las fuerzas de seguridad colombianas que combaten a los grupos armados que producen y exportan cocaína.
El factor De la Espriella
La victoria de Abelardo de la Espriella el 21 de junio de 2026 — con el respaldo público de Trump antes de la segunda vuelta — reconfiguró las perspectivas de la relación bilateral de manera inmediata. El presidente electo es ciudadano naturalizado estadounidense, trabajó más de una década como abogado penalista en Miami, y ha prometido incorporar a Colombia al "Escudo de las Américas", la alianza de seguridad regional impulsada por Trump, unirse a la Coalición Contra Cárteles de las Américas, y autorizar bases militares estadounidenses en territorio colombiano para operaciones conjuntas de fumigación de cultivos de coca y ataques a grupos narcotraficantes. Trump escribió en Truth Social: "Espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos."
Los analistas señalan, sin embargo, que el perfil del presidente electo contiene complejidades que Washington no puede ignorar. De la Espriella ha representado legalmente a combatientes paramilitares y a Alex Saab — el financista venezolano imputado en Estados Unidos por lavado de activos para Nicolás Maduro — lo que podría generar fricciones con sectores del Departamento de Justicia y el Congreso estadounidense. La revista La Silla Vacía resumió su campaña como organizada en torno a la figura del "macho alfa" como señal de capacidad de gobierno.
La cocaína: el problema que no desaparece con un cambio de gobierno
La producción de coca en Colombia casi se triplicó en la última década hasta alcanzar un récord de 253.000 hectáreas cultivadas en 2023, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La estrategia de Petro de priorizar acuerdos con cultivadores para sustituir cultivos — en lugar de fumigación y erradicación forzada — coincidió con ese récord, aunque economistas señalan que la causalidad es más compleja y que la demanda en Estados Unidos no ha disminuido. De la Espriella ha prometido retomar la fumigación aérea con glifosato, que Colombia suspendió en 2015 tras una decisión de la Corte Constitucional, y construir diez megacárceles inspiradas en el modelo CECOT de El Salvador. Ivan Briscoe, experto en América Latina de International Crisis Group, observó que ese enfoque representa un retorno a las políticas del expresidente Iván Duque, que tampoco resolvieron el problema estructural de la economía cocalera.
Lo que viene
El 7 de agosto de 2026, De la Espriella asume la presidencia. Las tres variables que definirán si el "reinicio" bilateral es real o cosmético son: si Washington levanta formalmente las sanciones al saliente Petro y restaura la asistencia plena, lo que enviaría una señal de normalización institucional; si Colombia se incorpora efectivamente al Escudo de las Américas y qué operaciones conjuntas concretas se autorizan; y si la apuesta por la represión militar logra reducir la producción de cocaína de manera verificable — el único indicador que el Congreso estadounidense usará para evaluar si el "reinicio" justifica restablecer los flujos de asistencia recortados. Un analista citado por Latin America Reports lo formuló con precisión: "Sabemos que Trump es muy volátil. Puede ser amigo un día y cambiar al siguiente si el otro gobierno no hace lo que él quiere."