La Ley N.º 21.735, publicada en marzo de 2025, representa la reforma más significativa al sistema de pensiones chileno en décadas. Más de un año después de su promulgación, sus efectos ya son visibles tanto en las cuentas de los jubilados como en los presupuestos de las empresas — y ambos lados de esa ecuación están a punto de intensificarse en la segunda mitad de 2026.

Lo que ya está funcionando

Más de 1.370.000 jubilados recibieron aumentos de pensión este año bajo el sistema actualizado, según cifras oficiales recientes. De ese total, más de 412.000 fueron mujeres, beneficiadas por un mecanismo de reconocimiento de años de cotización diseñado específicamente para reducir la brecha estructural entre las pensiones de hombres y mujeres. La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha venido ajustando por tramos de edad: los beneficiarios de 75 a 81 años recibirán hasta 250.275 pesos a partir de septiembre de 2026, mientras que los de 82 años o más ya reciben ese monto. Un nuevo sistema de reconocimiento por años cotizados, vigente desde enero de 2026, paga un bono mensual a quienes acumularon hasta 25 años de cotizaciones — con un requisito de entrada más bajo para las mujeres (10 años) que para los hombres (20), reconociendo las diferencias en trayectorias laborales entre géneros.

Quién paga la cuenta

El financiamiento de estas mejoras descansa casi por completo en una cotización patronal adicional que se introdujo de forma gradual a partir del 1 de agosto de 2025, comenzando en 1%. El calendario de la ley contempla incrementos sucesivos durante nueve años — extensibles a once — hasta alcanzar un aporte patronal total de 8,5% sobre las remuneraciones imponibles. El próximo escalón llega en agosto de 2026, cuando la cotización patronal subirá a un nivel acumulado de 3,5%. De ese 8,5% final, una porción se destina a las cuentas de capitalización individual administradas por las AFP, otra a un nuevo Fondo de Seguro Social que sustituye al actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y una parte transitoria —durante 30 años— se canaliza hacia un mecanismo de "Aporte con Rentabilidad Protegida".

El momento incómodo para las empresas

Especialistas en derecho laboral han sido directos respecto al impacto: el nuevo aporte patronal implica un aumento gradual pero real en el costo de la mano de obra, que obliga a las empresas a revisar presupuestos, estructuras salariales y proyecciones financieras de mediano y largo plazo. El golpe llega en un momento políticamente delicado. El presidente José Antonio Kast asumió en marzo de 2026 prometiendo estimular la contratación mediante un crédito tributario a la nómina de 1.400 millones de dólares dirigido a 235.000 pequeñas y medianas empresas — una medida que choca de frente con el segundo aumento de la cotización patronal previsto para agosto del mismo año. El desafío de Kast es doble: necesita que el costo laboral baje para cumplir su meta de reducir el desempleo a 6,5% hacia 2030, mientras una ley aprobada por la administración anterior empuja ese costo exactamente en la dirección opuesta.

Un mercado laboral que todavía no se recupera

La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,3% en el trimestre diciembre 2025–febrero 2026, todavía por encima del 7,8% registrado cuando Boric asumió en marzo de 2022, y muy por encima del promedio de 7,1% que prevalecía entre 2016 y 2020. La informalidad laboral se mantiene elevada, en torno al 26,5% del empleo total. Es en este contexto — desempleo estructuralmente alto, informalidad persistente — donde se introduce un costo laboral adicional y obligatorio, generando un genuino dilema de política económica entre fortalecer la red de protección social de los jubilados actuales y abaratar la contratación formal para los trabajadores futuros.

Los nudos técnicos que aún faltan resolver

Más allá del costo, la implementación de la reforma enfrenta plazos regulatorios propios. El régimen de inversión que reemplazará los actuales multifondos por un sistema de fondos generacionales (target date funds) debía publicarse antes del 1 de abril de 2026, y la fecha de entrada en vigencia del tope a las comisiones de administración —que incluye comisiones de fondos extranjeros en los que invierten las AFP— sigue siendo ambigua en el texto legal, con interpretaciones que sitúan el plazo entre noviembre de 2026 y diciembre de 2027. El Fondo de Ahorro de la Protección Previsional (FAPP), que administrará buena parte de los nuevos beneficios definidos, también debe tener resuelto su régimen de inversión y las licitaciones de gestión de cartera hacia mediados de 2026. El propio Fondo Monetario Internacional, en su revisión de abril de 2026, calificó la transición del sistema multifondo al sistema generacional como un desafío de implementación que requiere gradualidad y buena coordinación para evitar movimientos abruptos de cartera en el mercado de capitales.

Qué mirar el resto de 2026

La reforma de pensiones avanza en paralelo, y en parte en tensión, con el resto de la agenda económica de Kast. Mientras su megareforma tributaria busca reducir costos para las empresas y estimular el empleo formal, el calendario de la Ley 21.735 — heredado de la administración anterior pero ya irreversible en sus plazos — sigue elevando el costo patronal mes tras mes. El resultado, hacia fin de año, dependerá de si la economía chilena logra crecer lo suficiente para que ambas fuerzas — más protección social, más costo laboral — sean absorbidas sin frenar la contratación que el propio gobierno dice perseguir.